La harina es un pilar fundamental en la dieta chilena y desempeña un papel esencial en la alimentación diaria de millones de personas. A partir de 2026, una nueva normativa modificará la composición de este producto al exigir la fortificación con vitamina D3, un nutriente crucial para la salud ósea.
Sin embargo, esta medida ha generado un debate en la industria alimentaria y entre los consumidores, debido a la procedencia de la vitamina y la falta de transparencia en el etiquetado de productos derivados de la harina fortificada.

El origen y relevancia de la vitamina D3 en la fortificación. La vitamina D3 (colecalciferol) se obtiene mayoritariamente de dos fuentes: la lanolina, extraída de la lana de oveja, y los líquenes, una alternativa vegetal menos utilizada en la industria alimentaria debido a su mayor costo y menor disponibilidad. Actualmente, la opción de origen animal es la predominante en la fortificación de alimentos.

Esta nueva normativa busca abordar el déficit de vitamina D en la población chilena, una deficiencia común que afecta la salud ósea y el sistema inmunológico. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la inclusión de ingredientes de origen animal en un producto básico sin una adecuada información para los consumidores.

Su impacto en la industria alimentaria y las preocupaciones de los consumidores es uno de los puntos más discutidos es la falta de claridad en el etiquetado de los productos elaborados con harina fortificada. Si bien la normativa establece que las harinas deben indicar la presencia de vitamina D3 de origen animal en su envase, los productos que las contengan, como pan, pasta y repostería, no estarán obligados a especificarlo.

Esto significa que los consumidores que deseen evitar ingredientes de origen animal podrían encontrarse con dificultades para identificar qué productos cumplen con sus preferencias. Esta situación afecta especialmente a quienes siguen dietas vegetarianas y veganas, así como a aquellas personas con restricciones alimentarias específicas por razones culturales o religiosas.

Ignacia Uribe, CEO de V-Label Latam, resalta la importancia de la transparencia en este proceso, «Como organización, apoyamos la fortificación de alimentos cuando contribuye a la salud pública, pero la falta de información en el etiquetado de productos elaborados con harina fortificada es un problema. Muchas personas prefieren evitar ingredientes de origen animal por diversas razones, y esta normativa dificultará que puedan tomar decisiones informadas sobre su alimentación«.

Hacia una mayor transparencia y certificación, actualmente, algunos productos horneados en Chile ya cuentan con certificaciones como V-Label, que garantizan que no contienen ingredientes de origen animal. Sin embargo, con la nueva normativa en camino, la industria alimentaria enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias y, al mismo tiempo, responder a la creciente demanda de los consumidores por información clara y precisa sobre los ingredientes de los productos.

En este contexto, V-Label Latam ha iniciado conversaciones con diversas empresas productoras para incentivar la certificación de más productos antes de la entrada en vigor de la normativa en 2026. Esto no solo contribuiría a la transparencia, sino que también permitiría a los consumidores identificar fácilmente los productos alineados con sus valores y necesidades alimentarias.

«Estamos trabajando con varias empresas para que más productos sean certificados con V-Label, garantizando así la transparencia y brindando a los consumidores la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su alimentación«, concluye Uribe. Por un futuro mejor de la industria alimentaria en Chile.

La fortificación de la harina con vitamina D3 representa un cambio significativo para la industria alimentaria chilena, impulsando mejoras en la salud pública, pero también generando desafíos en cuanto a transparencia y regulación. En un contexto global donde los consumidores buscan cada vez más información sobre la composición de los alimentos, la industria tiene la oportunidad de avanzar hacia una mayor claridad en el etiquetado y la certificación de sus productos.

Con la implementación de esta normativa en 2026, Chile podría marcar un precedente en América Latina sobre cómo balancear la salud pública con la necesidad de información transparente para los consumidores, promoviendo así una industria alimentaria más responsable y alineada con las demandas del mercado moderno.

Fuente: Foodnewslatam