El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente la realización de consultas técnicas, de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el fin de abordar el tema del maíz transgénico y la biotecnología. Esta petición no resulta sorprendente dada la falta de fundamentos científicos en las decisiones adoptadas por las autoridades mexicanas, las cuales han generado una creciente incertidumbre en el sector agrícola y representan una amenaza para la seguridad alimentaria en el país.

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, afirmó que la solicitud del gobierno estadounidense para llevar a cabo consultas técnicas sobre el maíz transgénico y la biotecnología no se limita solo al maíz, sino que también abarca el glifosato, un herbicida utilizado en el campo. González Cepeda argumentó que se debe investigar y determinar cuál es el supuesto daño causado por el glifosato, ya que este herbicida está aprobado en más de cien países y no se han realizado estudios en México que demuestren su supuesto efecto adverso.

En cuanto al maíz transgénico, el presidente de UMFFAAC señaló que México ha importado este cereal durante más de 20 años sin que se haya reportado ningún caso de enfermedades o afectaciones por el consumo de productos elaborados con este grano.

Respecto al decreto publicado el 13 de febrero, que prohíbe el consumo de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, González Cepeda lo calificó de contradictorio, ya que se permite la importación de este producto para uso pecuario e industrial, lo que finalmente termina como alimento para las personas.

Además, González Cepeda criticó la respuesta de la Secretaría de Economía, que ha dicho que demostrará con datos y evidencia que no ha habido afectación comercial. A su juicio, el gobierno mexicano ha generado una incertidumbre innecesaria a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y México está obligado a presentar los estudios científicos o desistir de una prohibición que no tiene sustento científico.